El Gobierno nacional tuvo que retroceder en uno de los puntos más sensibles de su proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Después de dos intentos fallidos y numerosas modificaciones, el oficialismo retiró el capítulo que buscaba flexibilizar los límites para la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

La decisión no respondió a un cambio de postura sobre la soberanía nacional: el Gobierno descubrió que no tenía los votos necesarios para aprobarlo.

El Senado comenzará a tratar la iniciativa desde las 14. Aunque se eliminó el apartado referido a la extranjerización, el resto del proyecto mantiene cambios importantes en los procesos de desalojo, el régimen de expropiaciones y diferentes normas vinculadas con la protección del territorio.

EL RETROCESO CON LA LEY DE TIERRAS

La Ley 26.737 establece que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales en los ámbitos nacional, provincial y municipal. Además, fija límites por nacionalidad y restringe la adquisición de grandes extensiones en zonas productivas y estratégicas.

El Gobierno había intentado derogar esas restricciones mediante el DNU 70/2023, pero la Justicia frenó su aplicación. Después propuso elevar del 15% al 25% el porcentaje permitido por provincia, una modificación que generó advertencias porque podía facilitar una mayor concentración extranjera en determinados departamentos.

Luego de circular numerosos borradores y no conseguir apoyo suficiente, el oficialismo terminó retirando completamente ese capítulo.

La marcha atrás confirma que la extranjerización era el punto más controvertido de la iniciativa. La discusión no se limita a las inversiones: la tierra contiene recursos naturales, agua, minerales, bosques, zonas fronterizas y áreas productivas que resultan estratégicas para el país.

EL RESTO DEL PROYECTO SIGUE EN PIE

Aunque Milei tuvo que abandonar momentáneamente su avance sobre la Ley de Tierras, el proyecto conserva otros puntos cuestionados.

La iniciativa propone acelerar determinados procesos de desalojo, limitar herramientas del Estado en materia de expropiaciones y modificar normas relacionadas con terrenos afectados por incendios. Organizaciones de derechos humanos, sociales y ambientales advierten que estos cambios pueden debilitar la protección de familias, comunidades y territorios en conflicto.

El nombre elegido por el Gobierno busca presentar el debate como una defensa general de la propiedad privada. Sin embargo, el alcance de la propuesta es mucho más amplio y modifica instrumentos que permiten al Estado intervenir frente a necesidades colectivas, conflictos habitacionales y obras de interés público.

UNA SESIÓN ATRAVESADA POR LA INTERNA LIBERTARIA

La sesión también estará marcada por la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel.

El Presidente adelantó su viaje internacional y dejó a la vicepresidenta a cargo del Poder Ejecutivo. De esta manera, Villarruel —quien ya había expresado diferencias con el proyecto— no podrá conducir la sesión ni quedar ante la posibilidad de definir una votación empatada.

En su lugar estará el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, integrante de La Libertad Avanza y favorable a la iniciativa.

Además, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, embarazada de 32 semanas y con restricciones médicas para viajar, recibió autorización para participar de manera virtual, aunque esa decisión deberá ser ratificada por el recinto.

Por otra parte, Juliana Di Tullio impugnó al libertario Joaquín Benegas Lynch por un posible conflicto de intereses, debido a su vinculación con una empresa dedicada a comercializar tierras para inversores extranjeros.

PROTESTAS EN EL CONGRESO Y EN TODO EL PAÍS

A pesar del retiro del capítulo sobre extranjerización, las movilizaciones se mantendrán. Organizaciones sindicales, sociales, políticas, ambientales y de derechos humanos convocaron a protestar frente al Congreso y en plazas de distintas ciudades. También anunciaron su participación la CGT y las dos CTA.

Los sectores convocantes consideran que el retroceso sobre la Ley de Tierras representa una victoria parcial, pero advierten que los cambios sobre desalojos, expropiaciones y manejo del fuego continúan siendo preocupantes.

El Gobierno consiguió sostener la sesión, pero tuvo que resignar el punto que generaba mayor rechazo.