El intendente Gustavo Barrera trazó un duro diagnóstico sobre la situación económica y social de Villa Gesell, pero también apuntó contra la oposición local por exigirle respuestas al Municipio mientras evita cuestionar las decisiones del Gobierno de Javier Milei.

Durante una entrevista con Noticias Geselinas, Barrera advirtió que la recaudación municipal cayó cerca de diez puntos, mientras aumenta la cantidad de vecinos que necesitan alimentos, medicamentos, atención sanitaria y asistencia para afrontar los servicios básicos.

Según explicó, el nivel de cumplimiento de las tasas pasó de aproximadamente un 65% a ubicarse entre el 52% y el 55%, dependiendo del mes y de los vencimientos.

“Nuestro pueblo está pasando hambre, no hay trabajo y el que tiene trabajo tampoco llega a fin de mes”, afirmó.

El problema es evidente: mientras disminuyen los ingresos municipales, aumentan las responsabilidades que el Gobierno nacional abandona. Los vecinos que no pueden comprar medicamentos, pagar el gas o sostener sus necesidades básicas no viajan hasta Buenos Aires para reclamarle a Milei. La respuesta inmediata la buscan en el Municipio.

LA DOBLE VARA DE LA OPOSICIÓN

Frente a esta realidad, Barrera cuestionó directamente a los sectores libertarios y radicales de Villa Gesell.

“Los concejales libertarios y los radicales exigen al Gobierno municipal, en vez de exigirle al Gobierno nacional, que es el responsable de la situación que estamos atravesando”, sostuvo.

La crítica expone una contradicción cada vez más difícil de disimular. La oposición reclama mejores servicios, mayores salarios y más respuestas sociales, pero votó contra el Presupuesto Municipal 2026, la principal herramienta con la que el Ejecutivo debe administrar los recursos y atender esas mismas demandas.

No se puede exigir que el Municipio haga más y, al mismo tiempo, negarle los instrumentos para hacerlo. Tampoco resulta coherente responsabilizar exclusivamente a Barrera por las consecuencias locales de un modelo económico nacional que redujo la coparticipación, eliminó programas, paralizó obras públicas y deterioró el poder adquisitivo de las familias.

El intendente recordó que había solicitado al menos la aprobación de un presupuesto que contemplara áreas esenciales como salud, seguridad y recolección. Según sostuvo, de haberse aprobado, la situación financiera del Municipio y de sus trabajadores sería diferente.

CLARISA ARMANDO Y LAS CLOACAS ESCOLARES

Barrera también apuntó contra la concejal Clarisa Armando por sus cuestionamientos sobre la falta de conexión a la red cloacal en establecimientos educativos del sur del Partido.

El intendente reconoció la existencia del problema, pero explicó que las redes se encuentran instaladas y no pueden ponerse en funcionamiento porque el Gobierno nacional paralizó la ampliación de la planta depuradora necesaria para recibir esos nuevos servicios.

“Tenemos las redes instaladas en el sur y no las podemos utilizar”, señaló Barrera antes de cuestionar que Armando visite las escuelas y responsabilice al Municipio sin explicar qué sucedió con la obra nacional.

El planteo vuelve a mostrar la misma doble vara: se denuncia la consecuencia local, pero se oculta o minimiza la decisión nacional que impide resolverla.

Una inspección responsable debería incluir ambas partes del problema. No alcanza con recorrer una escuela, fotografiar una deficiencia y cargar toda la responsabilidad sobre el Municipio. También corresponde verificar por qué la conexión no puede realizarse y reclamarle al Gobierno nacional que reactive la obra paralizada.

UN MUNICIPIO CON MENOS RECURSOS

Barrera explicó que la composición de los ingresos municipales cambió profundamente. Anteriormente, alrededor del 60% de los recursos provenía de fondos coparticipables y el 40% era generado por el Municipio. Actualmente, según afirmó, esa relación se invirtió.

A pesar de esta situación, confirmó el depósito de los salarios municipales y aseguró que se mantiene un ingreso mínimo garantizado de un millón de pesos.

También indicó que la Municipalidad aporta aproximadamente ocho millones de pesos mensuales para sostener el transporte público, luego de que el Gobierno nacional eliminara el Fondo Compensador.

La misma presión se registra en salud. El Municipio debe destinar más recursos a medicamentos y tratamientos de vecinos que poseen obras sociales, pero que no pueden afrontar los costos. A esto se suma la creciente demanda alimentaria en los establecimientos educativos.

“Hoy nos estamos ocupando de la miseria, porque no nos queda nada ni siquiera en la Municipalidad”, expresó Barrera al describir la gravedad del escenario.

EL AJUSTE LLEGA A VILLA GESELL

La crisis que atraviesa Villa Gesell no puede separarse del rumbo económico nacional. La caída del consumo, el endeudamiento de las familias, los servicios impagables y la paralización de la obra pública son consecuencias concretas de un modelo que decidió retirarse de áreas esenciales.

Según Barrera, de los aproximadamente 12.000 medidores de gas existentes en la ciudad, cerca de 6.000 registrarían deudas, facturas atrasadas, planes de refinanciación o avisos de corte.

A esto se suma la incertidumbre sobre la próxima temporada turística. Comerciantes, hoteleros y emprendedores llegan endeudados y con un mercado interno cada vez más debilitado.

Sin embargo, la oposición local parece concentrar todos sus cuestionamientos sobre el Municipio. Critica la falta de recursos después de rechazar el Presupuesto, denuncia obras inconclusas sin señalar al Gobierno que las paralizó y reclama respuestas sociales mientras acompaña políticamente el ajuste que multiplica esas necesidades.

Ese es el debate de fondo que dejó la entrevista: Villa Gesell debe enfrentar las consecuencias de un modelo nacional que recorta y abandona, mientras una parte de la oposición pretende transformar cada consecuencia de ese ajuste en una acusación contra el Gobierno municipal.