La inflación de septiembre fue del 1,9%, según informó el INDEC, y mostró una leve aceleración frente al 1,7% registrado en agosto. Con este resultado, los precios acumulan un aumento del 23,6% durante 2026 y del 33,4% en los últimos doce meses.
El Gobierno nacional volvió a destacar que el índice se mantiene por debajo del 2%, pero detrás del promedio aparecen aumentos que afectan de manera mucho más directa a los hogares. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el rubro que más aumentó en septiembre, con una suba del 3,1%, seguido por Educación, con 3%. Los precios regulados crecieron 2,3%.
El 1,9% funciona como referencia general, pero no todas las familias consumen la misma canasta ni destinan la misma parte de sus ingresos a cada gasto. Para quienes tienen una fuerte incidencia de alquileres, luz, gas, medicamentos o alimentos, el aumento real de sus gastos puede quedar bastante por encima del índice promedio.
En alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba fue del 2%. Algunos productos mostraron incrementos mucho mayores: en el Gran Buenos Aires el tomate aumentó 34,1%, la cebolla 24,6%, la papa 12,5% y el zapallo 12,4%. La leche fresca aumentó 3,1% y la harina común 3,7%.
Para una familia que todos los meses debe cubrir alimentos, servicios y medicamentos, la discusión sobre la inflación deja entonces de ser solamente estadística.
Villa Gesell tiene además una particularidad que vuelve especialmente sensible el aumento de vivienda y servicios: el peso del gas y la electricidad en los meses fríos y la discusión abierta alrededor de los subsidios energéticos y la Zona Fría.
Que el rubro vivienda, agua, electricidad y gas haya aumentado 3,1% en un solo mes, frente a una inflación promedio del 1,9%, muestra que los servicios regulados continúan presionando sobre el presupuesto familiar.
Ese dato resulta especialmente relevante en una ciudad donde venimos siguiendo el impacto de los cambios en los subsidios al gas y el costo de las facturas de BAGSA.
La administración de Javier Milei presenta la desaceleración inflacionaria como uno de los principales resultados de su programa económico. Y es cierto que los niveles actuales están muy por debajo de los picos inflacionarios registrados al inicio de la gestión.
Pero el escenario general muestra otras tensiones. Esta semana, el Fondo Monetario Internacional redujo su previsión de crecimiento para Argentina en 2026 de 3,5% a 2,1% y proyectó una inflación anual del 32,5%.
Eso plantea una discusión que ya empieza a verse en otros indicadores: la baja de la inflación no necesariamente significa una recuperación equivalente del consumo, el empleo o el poder adquisitivo.
El Gobierno nacional sostiene que la reducción de subsidios y el ordenamiento de las tarifas forman parte del camino hacia el equilibrio fiscal. Pero esa reducción del gasto público tiene una consecuencia directa: una mayor parte del costo de los servicios termina trasladándose a los usuarios.
Y ahí aparece una de las contradicciones centrales del actual momento económico. El índice general puede desacelerarse, pero si las tarifas aumentan por encima del promedio, el esfuerzo mensual de los hogares puede seguir creciendo.
En Villa Gesell, donde el gas, la electricidad y los servicios tienen una incidencia importante sobre el presupuesto familiar, esa diferencia se vuelve todavía más visible.
Septiembre cerró con una inflación general del 1,9%, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subieron 3,1% y los alimentos aumentaron 2%.
En lo que va del año, la inflación acumula 23,6%, y en los últimos doce meses alcanza 33,4%.
Al mismo tiempo, el FMI recortó su proyección de crecimiento para la Argentina en 2026 y elevó su estimación de inflación anual al 32,5%.
En Villa Gesell, el seguimiento de tarifas, gas y servicios seguirá siendo clave para medir cómo esos números nacionales se reflejan en los gastos cotidianos de los hogares.
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