El concejal libertario Luis Alberto Vivas sufrió un revés judicial en su intento de frenar el proyecto Lemu en Villa Gesell. La Justicia rechazó la medida cautelar que había presentado para suspender las actividades edilicias, el movimiento de arena, el desmonte y la comercialización en el predio del emprendimiento ubicado en la zona de Avenida 3 y calle 168.

La resolución es un golpe político para Vivas, que había llevado a tribunales una ofensiva contra el desarrollo inmobiliario con una batería de denuncias ambientales y urbanísticas. Pero, al momento de resolver, el juzgado entendió que no aparecía acreditada de manera suficiente la verosimilitud en el derecho invocado, es decir, que no estaban dados los elementos mínimos necesarios para hacer lugar a la cautelar en esta etapa del proceso.

Traducido al castellano básico: Vivas fue a la Justicia a pedir que se frenara todo, y la Justicia le dijo que no.

En su presentación, el edil de La Libertad Avanza había sostenido que el proyecto implicaba intervención sobre bosque, afectación de una zona ambientalmente sensible, falta de declaración de impacto ambiental, ausencia de audiencia pública y presuntas violaciones al Código de Aguas bonaerense y a una medida dispuesta en otra causa tramitada ante la Suprema Corte provincial.

Sin embargo, al analizar el expediente, el juzgado valoró el informe presentado por la Municipalidad de Villa Gesell y la documentación acompañada, y concluyó que, al menos en este tramo cautelar, no se advertía de manera manifiesta una ilegalidad suficiente como para frenar el emprendimiento.

La resolución repasa varios puntos que jugaron en contra del planteo de Vivas. Entre ellos, que el proyecto tramita por expediente municipal, que contaba con prefactibilidad de la Autoridad del Agua, que se había presentado un Estudio de Impacto Ambiental y que la Declaración de Impacto Ambiental había sido emitida mediante el Decreto 2447 del 18 de agosto de 2023. También se señaló que el proyecto fue objeto de publicación y divulgación, y que existía autorización municipal para el inicio de obras vinculadas a apertura de calles e infraestructura, además de una ordenanza de diciembre de 2023 que convalidó un convenio con afectación de superficie a espacio verde y equipamiento comunitario.

Es decir: la Justicia no compró el relato apocalíptico de Vivas y entendió que había actuaciones administrativas y antecedentes suficientes como para no convalidar semejante freno por vía cautelar.

En términos políticos, el dato pega fuerte. Porque Vivas quiso mostrarse como el gran freno judicial al proyecto Lemu, pero terminó con un fallo que le baja el pulgar a su planteo principal en esta instancia. Fue a buscar un golpe judicial y volvió con un rechazo bajo el brazo.

Otra vez aparece la misma lógica libertaria: mucho ruido, mucho discurso grandilocuente, mucha denuncia ampulosa, pero cuando llega la hora de sostenerlo con papeles, fundamentos y consistencia jurídica, la cosa se desinfla. Lo que se presentó como una cruzada terminó, por ahora, en una resolución que dejó a Vivas sin cautelar, sin freno a la obra y con su jugada política judicial bastante golpeada.

En otras palabras: quiso marcar la cancha, pero la Justicia le marcó el límite.