El concejal libertario Rodriguez Rodriguez intentó relativizar el terrorismo de Estado, embarró la cifra de los 30.000 y trató a la política de Memoria, Verdad y Justicia como una “farsa”. Pero los documentos, la CONADEP, el Juicio a las Juntas y décadas de condenas judiciales lo desmienten de punta a punta.
Lo de Rodríguez no fue una “opinión distinta” ni una valentía intelectual. Fue negacionismo con tono de sesión. Arrancó admitiendo que hubo crímenes aberrantes para después hacer lo de siempre: correr el foco, discutir cifras, ensuciar a los organismos de derechos humanos y vender como “historia completa” un discurso viejo, gastado y funcional a la impunidad. El problema para él es que en la Argentina la verdad sobre la dictadura no depende de chicanas de bloque: está probada en archivos, testimonios, sentencias y documentos oficiales.
Rodríguez mintió cuando quiso licuar el 24 de marzo dentro de un supuesto “acuerdo político” y relativizar su centralidad. La propia CONADEP dejó escrito que, aunque existieron secuestros antes del golpe, es a partir del 24 de marzo de 1976 cuando la desaparición forzada se implantó como metodología sistemática mediante un plan diseñado desde el Estado. No fue una continuidad más de la violencia previa: fue la instalación de un aparato clandestino nacional para secuestrar, torturar, desaparecer y matar.
También mintió cuando trató a la construcción de Memoria, Verdad y Justicia como una “farsa inteligente”. El Juicio a las Juntas acreditó un plan sistemático de represión ilegal, y desde la reapertura de los juicios en 2006 ya se dictaron 357 sentencias con 1.208 condenados por crímenes de lesa humanidad. Llamarle “relato” a eso no es revisionismo: es escupir sobre décadas de prueba judicial, sobre sobrevivientes que declararon y sobre familiares que buscaron a sus desaparecidos cuando todavía daba miedo hasta preguntar.
La trampa de los 8.961 desaparecidos también es vieja y también es falsa. La CONADEP registró esa cantidad de casos denunciados, pero dejó claro que era una nómina abierta e incompleta. Chequeado reconstruyó que esa cifra nunca fue presentada como total definitivo y recordó, además, que el Estado argentino reconoce la existencia de más de 800 centros clandestinos de detención, una dimensión represiva imposible de encajar en la mezquindad contable con la que el negacionismo pretende achicar el horror.
Por eso Rodríguez también faltó a la verdad cuando repitió el verso de que los 30.000 serían una “invención” para conseguir fondos. La Secretaría de Derechos Humanos ya respondió a esa operación: el número total de víctimas no puede establecerse con exactitud por el carácter clandestino del plan represivo, y la cifra de 30.000 circulaba ya durante la propia dictadura como estimación de las denuncias dentro y fuera del país. El problema no es que “sobren” desaparecidos en la memoria argentina; el problema es que los genocidas nunca entregaron listas, nunca dijeron toda la verdad y todavía hoy hay quienes los ayudan a embarrarla.
Tampoco hay nada inocente en el decorado ideológico de su discurso. Cuando Rodríguez apeló a la Argentina “occidental” y a los valores “judío-cristianos”, volvió a rozar la misma retórica con la que la dictadura justificó la persecución del “enemigo subversivo”. El Nunca Más reconstruye justamente ese clima doctrinario: la defensa del “mundo occidental y cristiano” fue parte del lenguaje con el que se legitimó el terrorismo de Estado. O sea: ni siquiera innovan. Repiten, con maquillaje libertario, una vieja basura autoritaria.
Lo más grave es que Rodríguez no habló solo. Habló como exponente local de una fuerza política que desde hace tiempo trabaja para banalizar la dictadura, relativizar el terrorismo de Estado y convertir el 24 de Marzo en un campo de provocación permanente. La Secretaría de Derechos Humanos ya había advertido en 2023 que frases como “no fueron 30 mil” o “hubo una guerra con excesos” reciclan el mismo discurso que usó la dictadura para justificarse. Lo de LLA no es irreverencia: es negacionismo. Y cuando ese negacionismo entra al Concejo Deliberante, no “abre un debate”: degrada la democracia.
La historia completa, esa que Rodríguez dice querer contar, ya está escrita. Hubo una dictadura cívico-militar. Hubo un plan sistemático de represión ilegal. Hubo desaparecidos, torturados, bebés robados y centros clandestinos en todo el país. Y hubo una sociedad que, con el Nunca Más, con los juicios y con la memoria colectiva, decidió no retroceder. Lo demás es ruido de ultraderecha: poca verdad, mucho cinismo y una miseria política que ni siquiera se anima a decir su nombre.
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