El 15 de octubre del año pasado, justo antes del comienzo del escándalo, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, extendió la relación contractual con la empresa de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, hasta 2030 para que siga administrando los fondos de la entidad en el exterior. Lo hizo más de un año antes de la finalización del primer contrato, que vencía en diciembre de este año. ¿Por qué? La Justicia sostuvo que el nuevo acuerdo amplió las facultades de la firma TourProdEnter, con sede en Miami, que pasó de actuar como “agente comercial y de cobro”, a administrar los pagos de la AFA.En diciembre, luego de un allanamiento en la sede de la calle Viamonte, ordenado por el juez federal Luis Armella, LA NACION reveló el primer contrato entre la entidad que preside Tapia y la empresa de Faroni, fechado el 9 de diciembre de 2021. Ese acuerdo le otorgaba a TourProdEnter una comisión del 30% de todos los ingresos y sumaba otro 10% por cuestiones de logística. A partir de ese momento, la empresa embolsó cerca de US$300 millones provenientes de tres grandes fuentes: sponsors de la selección argentina, derechos de transmisión televisiva e ingresos por los partidos amistosos. El documento lo firmaron Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la AFA, respectivamente, apenas un día después de que la esposa de Faroni presentó una “oferta” de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.Sin un motivo aparente, en octubre del año pasado, catorce meses antes de su finalización, Tapia extendió el vínculo con la empresa por otro cinco años. Ahora llega hasta el 31 de diciembre de 2030. El nuevo acuerdo argumenta que la prórroga se justificaba “en la buena performance” de la empresa de Faroni y en las “necesidades de continuidad disponible en distintas jurisdicciones”. A diferencia de 2021, la extensión no se informó de manera oficial. No aparece en el temario de la reunión del comité ejecutivo del 16 de octubre, donde se votó el último balance ni en la asamblea ordinaria que tuvo lugar el 28 de ese mes. En diciembre pasado, cuando se conoció el primer contrato por el allanamiento judicial, la AFA salió a responder “informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento”. Llamativamente, no dijo ni una sola palabra de la prórroga. Solo habló de un contrato “vigente”. El contrato de 2025 mantuvo la estructura del primero, incluyendo los porcentajes de las comisiones, pero sumó nuevas facultades. “Este nuevo acuerdo del 15/10/2025 es aún más ambicioso, ya que amplió el rol de TourProdEnter LLC, asignado en el 2021 como “agente comercial y de cobro”, hacia una función de administración operativa de pagos”, destacó el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff en un dictamen de más de 100 carillas que repasa toda la maniobra desde 2021 hasta que estalló el escándalo. “El Agente (por la empresa) ejercerá sus funciones en todo el mundo, excepto en la República Argentina, donde no tendrá facultades de actuación, sin perjuicio de las facultades de cobro (con la consecuente retribución del Agente) por pagos que empresas con asiento o sucursal en Argentina y/o sus afiliadas realicen en el exterior”, se puede leer en la cláusula tercera. El nuevo acuerdo, hasta ahora desconocido, también fue secuestrado por la Justicia en la sede de la AFA de la calle Viamonte. A diferencia del primero, en este caso no aparece la firma de Pablo Toviggino, sino la de Cristian Malaspina, secretario general de AFA y uno de los procesados en la causa por evasión que lleva adelante el juez Diego Amarante. En los apartados 6.5 y 6.6 del contrato se estableció que, cuando TourProdEnter actuara como agente de cobro, “podría efectuar pagos a AFA en dólares estadounidenses, mediante transferencia bancaria a cualquier cuenta indicada por AFA, o mediante la entrega de valores cotizados, incluidos bonos de deuda soberana argentina, en mercados de capitales argentinos o extranjeros”. Además, se previó que la AFA remitiera mensualmente a TourProdEnter “órdenes de pago a terceros y/o el detalle de gastos que le hubiera solicitado realizar por su cuenta y orden”.En el nuevo contrato también se permite la cesión a una sociedad afiliada o vinculada a la empresa en cualquier jurisdicción, algo que no estaba previsto en el original. Otro dato llamativo. Para este segundo contrato, la empresa de Faroni fijó domicilio en el Aventura ParkSquare, un complejo que combina departamentos de lujo, oficinas y comercios a pocos minutos del Aventura Mall. LA NACION visitó ese lugar en febrero y comprobó que en la suite 804 ahora funciona la sede de una empresa de hamburguesas denominada “Skinny Louie”. El único rastro de Faroni y su mujer era un cartel, al final de un pasillo, con el nombre de la empresa RentalTourenter, utilizada por la pareja para comprar esas oficinas en 2022, según reveló el diario Clarín. “El traslado de domicilio y la firma de una extensión temporal automática del contrato el 24/10/2025 -un año antes que venciera el contrato original previsto para el 31/12/2026-, denotan un posible apuro por blindar y perpetuar legalmente la estructura de posibles desvíos de fondos“, sostuvo Guerberoff en un dictamen firmado este jueves y al que tuvo acceso LA NACION. Las omisiones en los estados contables Ese fiscal intervino a raíz de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni que apunta específicamente a los estados contables de la AFA. En poco tiempo, Guerberoff analizó los balances desde 2022 hasta 2025 y concluyó que omitieron el vínculo de la empresa con la empresa de Faroni “con el posible propósito de impedir el conocimiento del verdadero origen, circulación, destino y disponibilidad de fondos que debieron integrar el patrimonio de la AFA”. La única mención a TourProdEnter aparece en el balance presentado ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en junio de 2024. En ese caso la firma de Faroni aparece como deudora de la AFA por la suma de $13.295.951.416,18, unos US$ 14,5 millones al tipo de cambio oficial de ese momento. ”Esa registración tardía, parcial y acotada contrasta con la magnitud de los movimientos bancarios atribuidos a la sociedad extranjera y con las facultades contractuales que le habían sido conferidas desde diciembre de 2021″, destacó el fiscal.Guerberoff y su equipo trabajaron sobre los balances de 2022, 2023, y 2024 presentados ante la IGJ. En el caso de 2025, tuvieron que remitirse a los datos aportados por los bancos y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) porque la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires no entregó la documentación a tiempo. Esa entidad recibió el último balance tras la maniobra de la AFA de mudar sus oficinas a Pilar. En ese balance, según los datos de la Fiscalía, la AFA declaró ingresos totales por $275.645 millones. Y volvió a omitir a la empresa TourProdEnter, que seguía administrando los fondos de la AFA desde al menos cinco bancos de Estados Unidos. Aunque los datos son preeliminares, porque no hay una auditoría completa, Guerberoff planteó que la maniobra con los balances se debe investigar junto con la defraudación que se investiga en otro expediente, en el fuero penal ordinario. Esa causa está a cargo de la fiscal Silvia Russi y tiene todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos. Los jerarcas de la AFA pretenden hace tiempo que todas las causas se concentren en el juzgado federal de Campana. La maniobra tuvo varios contratiempos. Ahora depende de una decisión de la Cámara en lo Penal Económico, que podría definir en pleno desarrollo del Mundial. Todo indica que ese paquete de causas, en torno a la mansión de Pilar, podría regresar a los tribunales de la avenida Inmigrantes. En ese caso, recalarían en el juzgado de María Verónica Straccia, con buenos antecedentes técnicos. En paralelo, Tapia y Toviggino están atentos a los movimientos de la Justicia de Estados Unidos. LA NACION reveló hace una semana que tres fiscales, dos en Washington DC y otro en el estado de Florida, investigan los movimientos bancarios de Faroni y su mujer. Esos documentos revelan la magnitud de la defraudación, con impacto directo en los clubes argentinos. LA NACION reveló que al menos diez empresas fantasmas, todas registradas en las mismas direcciones de Miami, absorbieron casi US$57 millones de los fondos administrados por Faroni y Gillette. Cuatro de esas sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) fueron creadas por cuatro personas oriundas de Bariloche. Nunca fueron citadas a declarar. Solo hay un informe sobre su patrimonio encargado por el juez Armella a la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal. En su dictamen, el fiscal Guerberoff analizó la creación de esas empresas fantasma y las transferencias millonarias desde las cuentas de TourProdEnter, que siguen operando. Se destacan Marmasch LLC, con 62 operaciones por casi 15 millones de dólares; Soagu Services, con 54 operaciones; y Velp con 23 transferencias por un total de US$ 3.991.000. También aparecen Delker y Servica INC, dos firmas “gemelas”, creadas el mismo día y en la misma dirección. “La concentración de los fondos en un reducido grupo de destinatarios, la reiteración de operaciones durante un período prolongado y la multiplicidad de denominaciones detectadas permiten sostener que la ausencia, en los balances de la AFA, de los movimientos de dinero que traficaron por cuentas de TourProdEnter LLC, tuvo el fin de evitar la trazabilidad del dinero y posibles desvíos que están siendo objeto de investigación en los legajos mencionados en este dictamen”, concluyó el fiscal antes de pedir que todo el material se concentre en una sola causa. Esa decisión ahora quedó en manos del juez Gustavo Meirovich. Otra señal de alerta en las oficinas de Viamonte (y de Pilar).